La fundación del Convento de la Encarnación se llevó a cabo por iniciativa de la reina Margarita de Austria en 1611, que deseaba erigir una fundación en Madrid junto al Alcázar, similar a la realizada por Juana de Austria en las Descalzas Reales. La madre Mariana de San José se puso al frente de la fundación, establecida provisionalmente en el Convento de Santa Isabel. Mientras tanto, se acometía la construcción del edificio en el lugar elegido, la Huerta de la Priora, junto al Alcázar, que se encargó a los arquitectos Juan Gómez de Mora y Fray Alberto de la Madre de Dios, inaugurándose oficialmente el 2 de julio de 1616.
La mayor parte de la documentación del Patronato conservada en el Archivo General de Palacio data del siglo XIX y especialmente a partir de 1876, fecha en que se hace cargo de su administración la Intendencia General. En su mayoría son expedientes de administración relativos a obras y cuentas del Patronato.

También se custodia documentación anterior sobre limosnas y socorros concedidos por los Reyes y autorizaciones para ingreso de religiosas.

Los orígenes de este patronato de carácter asistencial se remontan al Hospital Real de Corte, ubicado en la Puerta del Sol madrileña y dedicado a cuidar de la salud de los criados de la Real Casa. Felipe II ordenó construir una nueva iglesia y hospital en 1590. En estos años, dos frailes de la Orden fundada por fray Bernardino de Obregón encontraron una imagen de la Virgen, que pronto pasó a denominarse del Buen Suceso, y que se colocó definitivamente en la iglesia en 1641.

El templo sufrió el saqueo de las tropas napoleónicas el 2 de mayo de 1808, convirtiéndose en cuartel y hospital. Demolido en 1845, el Real Patrimonio cedió unos solares en la calle de la Princesa para la construcción de una nueva iglesia y hospital.

En 1940, el Patronato quedó integrado entre los bienes del Patrimonio Nacional, que cedió los edificios para hospital del Ejército del Aire hasta 1969. La reordenación urbanística de la zona llevada a cabo por el Ayuntamiento en 1970 dio lugar al derribo de los edificios, construyendo viviendas, oficinas y una iglesia de nueva planta.

La documentación de este fondo es la propia del gobierno y administración del Patronato, se conservan series de censos, cuentas, personal, obras, libros de cuentas, testamentos, bulas, fundaciones de memorias y capellanias, solicitudes de licencia para casarse en la Iglesia, etc.

Además, existe la documentación propia de la actividad a la que se dedica el Hospital como relaciones de enfermos, cuentas de géneros necesarios para su funcionamiento, etc.

Es una documentación interesante para conocer la evolución de la sanidad y la religiosidad en España, así como de las propiedades urbanas de la Real Casa en la ciudad de Madrid.

El Monasterio de Religiosas Franciscanas Clarisas de la Madre de Dios de la Consolación fue fundado por la princesa Juana de Austria en 1557 siendo regente de Castilla por ausencia de su hermano Felipe II, y asesorada por su confesor, el jesuita Francisco de Borja, duque de Gandía.

El nuevo convento se ubicó en el antiguo palacio del Contador de Castilla, cuyas obras de acondicionamiento finalizaron en agosto de agosto de 1559. El convento tuvo siempre una estrechísima relación con los miembros de la Familia Real, quienes lo beneficiaron con la concesión de numerosos privilegios.

La documentación procedente del Real Convento contiene documentos relativos a la fundación del Convento, dotación de capellanías y administración de bienes y rentas desde el siglo XVI.

La documentación de la Real Casa data en su mayor parte del siglo XIX y contiene expedientes de administración del Patronato y contabilidad.

La advocación de la Virgen de Atocha se remonta a la Alta Edad Media. En el Archivo General de Palacio se conservan dos fondos documentales que tradicionalmente se han mantenido bajo el mismo epígrafe.

El fondo del Convento de Nuestra Señora de Atocha de la Orden de Santo Domingo, fundado en el siglo XVI, que hasta 1602 no fue patronato real. A pesar de contar con el favor de los monarcas, desapareció tras los decretos de exclaustración en 1834.

Sus propiedades pasaron a pertenecer al Patrimonio Real, cambiando su uso a cuartel de inválidos y la iglesia a parroquia castrense. En 1863, Pío IX le concedió la dignidad de Basílica, a instancias de Isabel II. Su posterior estado ruinoso provocó el derribo y reedificación a instancias de la María Cristina de Habsburgo. Del proyecto del arquitecto Fernando de Arbós sólo se realizó el campanil y el claustro, posteriormente utilizado como Panteón de Hombres Ilustres.

La documentación relativa al Patronato contiene privilegios, fundación de capellanías y obras pías y abundantes expedientes de Secretaría relativos a obras, personal y administración de los bienes y rentas del Patronato, y abundante contabilidad.

El Convento de la Visitación de Agustinas Recoletas, conocido como Convento de Santa Isabel, fue fundado en Madrid el 24 de diciembre de 1589 por el beato fray Alonso de Orozco, predicador de Felipe II.

Los ruidos y escándalos producidos por la vecindad del corral de Comedias de la calle del Príncipe provocaron, a petición de las monjas, la intervención de la reina Margarita de Austria. Así, a partir de 1610 el Convento inició una nueva vida como Patronato Real en la antigua casa de Antonio Pérez, en la calle Atocha, asumiendo el recogimiento de niñas fundado por Isabel Clara Eugenia en Alcalá de Henares, y la reforma recoleta de las religiosas de la Encarnación, que cohabitaron el convento hasta 1616.

El archivo del convento sufrió un incendio durante la Guerra Civil, por lo que las series documentales del Archivo General de Palacio son la única fuente sobre esta fundación, aunque contiene más información sobre el colegio que sobre el convento.

Se conserva documentación referente a las rentas, obras, asuntos judiciales, personal, fundaciones de capellanias, libros de cuentas, etc.

No existe escritura fundacional, pero a través de un decreto de agosto de 1873 se sabe que el colegio fue fundado por Felipe II hacia 1585 para albergue y educación de niñas huérfanas y pobres. Se instaló en unas casas adquiridas a tal efecto en la calle de Atocha junto a la plaza de Antón Martín, ampliándose durante el reinado de Felipe IV.

La emperatriz María de Austria lo favoreció con pensiones y Felipe V por decreto de 26 de noviembre de 1733 rescató el Patronazgo que el Papa Sixto V se había apropiado y otorgó nuevas constituciones el 7 de octubre de 1738.

En un principio se admitían con preferencia a las hijas de criados de la Casa Real, posteriormente, durante el siglo XIX, se convertiría en un pensionado de jóvenes pudientes, donde se reservaban 20 plazas para becarias, hijas de empleados de la Real Casa.

Durante el reinado de Alfonso XII, el Patronato decide derribar el antiguo Colegio de la plaza de Antón Martín y sustituirlo por otro de nueva planta en la calle O’Donnell cuya construcción acaba en 1893.

En 1894, la reina regente María Cristina cedió su gestión y uso a la comunidad de las Agustinas de la Asunción. Después del abandono que sufrió durante la Guerra Civil, en 1939 pasó a ser gestionado por la Congregación de las Religiosas Esclavas del Divino Corazón, sin perder el carácter educativo del Patronato.

La documentación de este fondo es la propia del gobierno y administración del Patronato, se conservan series de cuentas, personal, obras, privilegios y mercedes, fundaciones de memorias y capellanías, partidas de bautismo y matrimonio, títulos de propiedad, asuntos judiciales, etc.

Además, se conserva también documentación propia del Colegio como son relaciones de colegialas, solicitudes de ingresos, informes o expedientes de las mismas.

El Monasterio de religiosas cistercienses fue fundado en 1187 por Alfonso VIII y su esposa la reina Leonor en Burgos, convirtiéndolo en panteón real. La importancia de esta institución en el ámbito castellano medieval está fuera de toda duda.

Por un lado, pronto consiguió ser la casa matriz de la Orden del Císter en la Corona de Castilla (1199) y, por otro, destacó su peculiaridad canónica traducida en el ejercicio de una jurisdicción quasi episcopal nullius diócesis, que incluía la impartición de justicia y recibir la profesión religiosa de los frailes del Hospital del Rey. Su señorío se extendió sobre numerosas villas y propiedades, recibiendo de los monarcas donaciones y privilegios.

La documentación conservada se refiere al gobierno y administración del Patronato, fundamentalmente generada por la Real Casa. Entre sus series documentales destacan privilegios y mercedes reales, reglamentos, bulas y breves, expedientes de secretaría relativos a obras, personal, administración de bienes y rentas, así como abundante contabilidad.

Todas estas series documentales complementan a la documentación conservada en el Archivo del Monasterio de las Huelgas.

Fundado en 1195 por Alfonso VIII con funciones asistenciales para peregrinos y enfermos pobres. A partir de 1212, su fundador decidió que tanto jurisdiccional como administrativamente el Hospital dependiese del Monasterio de las Huelgas, aunque delegando numerosas competencias en el Comendador del Hospital.

El grueso del fondo documental se conserva en el Archivo General de Palacio (integrado en el Fondo del Monasterio de las Huelgas) donde fue trasladada la documentación que todavía se conservaba en el Hospital a partir de una orden de la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio en 13 de enero de 1911.

La documentación de este fondo es la propia del gobierno y administración del Patronato, se conservan series de compraventas, donaciones, censos, cuentas, juros, personal, expedientes de obras, privilegios y mercedes, pleitos y causas, etc.

Además, existe la documentación propia de la actividad a la que se dedica la institución, en este caso asistencia y beneficencia, como cuentas de enfermos y de géneros suministrados a la enfermería, solicitudes de ingreso y admisión de enfermos, historiales de enfermos, partes diarios de los alimentos que se suministraban en la enfermería, etc.

Levantado sobre el palacio mudéjar de Alfonso XI, el Real Convento de Santa Clara fue fundado en 1363 por la infanta Beatriz, a quien Pedro I donó en su testamento la villa de Tordesillas. También ordenó que en este palacio se dotase una casa para la Orden de Santa Clara.

La importancia de Tordesillas en diversos sucesos de gran transcendencia en la Baja Edad Media castellana es proporcional a la atención prestada por los Trastamara a la comunidad, que se refleja en las numerosas obras de reforma y ampliación que se sucedieron durante los siglos XV y XVI, completando un conjunto monumental que incluye los baños árabes.

La documentación conservada se refiere al gobierno y administración del Patronato. Entre sus series documentales destacan privilegios y mercedes reales, reglamentos, bulas y breves, expedientes de secretaría relativos a obras, personal, administración de bienes y rentas, así como abundante contabilidad.

Conocido como Colegio de Doncellas Nobles fue fundado por Juan Martínez Silíceo, cardenal arzobispo de Toledo en 1551. El fundador, en su última disposición testamentaria, el 10 de mayo de 1557, dispuso que fueran patronos de dicho colegio los Reyes y el Arzobispo de Toledo. Fue en 1560, ya fallecido el cardenal Silíceo, cuando Felipe II dictó carta de aceptación del patronazgo.

La finalidad de esta institución es la de recoger niñas para educarlas convirtiéndose así en la primera institución educativa dedicada exclusivamente a la mujer.

La época de esplendor del Colegio fue durante los primeros años del siglo XX, hasta 1950, fecha en que se produce la decadencia de la institución por falta de medios económicos.

Se conservan principalmente expedientes escolares de las niñas y expedientes de personal del colegio.

La iglesia y hospital de Nuestra Señora de Montserrat, conocida también como de los Aragoneses o de la Corona de Aragón fue una fundación del caballero catalán Gaspar de Pons, quien en 1616 ofreció a Felipe III 5.000 ducados y una villa de recreo que poseía en el actual barrio de Lavapiés con el fin de dotar este establecimiento para socorro de los naturales de los reinos de la Corona de Aragón, situándolo bajo la protección real.

El gobierno del Patronato fue ejercido en nombre del Rey por el Consejo de Aragón. En 1658 se trasladó a un edificio de nueva planta en la plaza de Antón Martín.

En 1707, tras la supresión del Consejo de Aragón, quedó bajo la jurisdicción de la Cámara de Castilla. Durante el siglo XIX, tras el breve periodo del Gobierno Provisional y I República, cuando fue administrado por el Ministerio de la Gobernación, pasó a depender directamente de las diferentes oficinas de la Real Casa. Sin embargo, la fundación había entrado ya en decadencia, habiéndose cerrado el Hospital en 1872. Finalmente, la Intendencia de la Real Casa decretó el derribo de la iglesia por ruina del edificio en 1903, subsistiendo todavía el Patronato hasta la II República.

La documentación conservada se refiere al gobierno y administración del Patronato. Entres sus series documentales citamos los reglamentos, privilegios, bulas y breves, expedientes de secretaría relativos a obras, personal, administración de bienes y rentas y administración de la iglesia y de la enfermería, así como abundante contabilidad

A pesar de ser una fundación de la Corona del siglo XV, no fue Real Patronato hasta el siglo XIX. Tras la exclaustración de 1836 la iglesia de San Jerónimo fue parroquia del Real Sitio de Buen Retiro.

En 1841, la iglesia pasó nuevamente al control del Estado y la Real Casa presentó numerosas reclamaciones fundadas en que durante siglos había sido lugar de reunión de Cortes y de juras de príncipes. Finalmente, en 1851 se permutó la iglesia, convento y huerta, propiedad del Estado, con el Cuartel de San Gil, propiedad de la Corona.

La primera mención de una vinculación como patronato real figura en la Ley de 1876. Tan solo dos años después, en 1878, el Real Patrimonio cedía el templo y claustro al arzobispado de Toledo.

La escasa documentación conservada en este fondo se refiere a la administración del Patronato entre 1875 y 1878. También forma parte del mismo, documentación anterior como un privilegio de Enrique IV, confirmaciones de privilegios anteriores por parte de Felipe II, Felipe III y Felipe IV y actas capitulares de 1548 a 1594.

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial fue fundado por Felipe II en 1567. A él se anexionó la Real Abadía de Santa María de Parraces, que durante los siglos XIV y XV había llegado a ser uno de los señoríos de abadengo más importantes de Castilla, siendo su riqueza la base económica de la fundación de Felipe II.

Por ello, el fondo del Real Monasterio incluye también el archivo de Santa María de Parraces, con la documentación más antigua que se conserva actualmente en el Archivo General de Palacio, que se remonta a 1148. De los fondos de los Reales Patronatos es, sin duda, el más completo, pues se remitió íntegramente al Archivo en 1869.

El Monasterio de El Escorial se concibió como residencia real, pero también como panteón, y desde sus orígenes se convirtió en el buque insignia de la política religiosa y cultural del monarca, además de reflejo de su poder político.

La documentación conservada se refiere al gobierno y administración del Patronato. Contiene numerosos privilegios y donaciones reales, documentación emanada de la autoridad eclesiástica y numerosas escrituras de donaciones y ventas particulares que conformaron su patrimonio. Se halla también la carta de fundación, de rica encuadernación escurialense, el testamento y codicilo de Felipe II y la correspondencia que mantuvo con los cuatros priores y artistas que intervinieron en las obras, así como documentación de gobierno y régimen interior del monasterio. Destaca también por su singularidad la serie de los Libros de entregas en los que se registran los miles de objetos artísticos (pinturas, telas, ornamentos y orfebrería litúrgica, libros, mapas, grabados, dibujos, muebles, instrumentos científicos) y reliquias con los que Felipe II dotó al Monasterio, y que continuó Felipe III.

Se conservan también series documentales de reglamentos, bulas y breves, expedientes de secretaría relativos a obras, personal, administración de bienes y rentas, así como abundante contabilidad.

La II República se proclamó el 14 de abril de 1931 y trajo como consecuencia que se dictara un Decreto el 20 del mismo mes ordenando la incautación por el Estado de los bienes del “Patrimonio que fue de la Corona de España”. Este Decreto fue aprobado y ratificado más tarde por las Cortes mediante la Ley de 9 de septiembre de 1931.
El Decreto de incautación nada decía sobre el destino y régimen que había de darse a los bienes que componían el Patrimonio. Tenía, por tanto, carácter provisional. Otro Decreto dictado días más tarde (22 de abril) creaba una Comisión encargada de dirigir los Patrimonios confiados a la extinguida Casa Real. La medida era igualmente interina.
Esta ordenación vino a establecerse por la Ley de 22 de marzo de 1932, cuyo principal objeto es determinar el destino de los bienes del antiguo Patrimonio y la creación del llamado “Patrimonio de la República”.
Todos los bienes del que fue Patrimonio de la Corona pasan a formar un todo, bajo la denominación de “Patrimonio de la República”. Se exceptúan aquellos cuya eliminación hubiere sido acordada anteriormente, los de los reales Patronatos (administrados por el Ministerio de la Gobernación, en virtud del Decreto de 22 de abril de 1931) y aquellos cuya cesión se considere absolutamente necesaria para el desenvolvimiento urbano de los municipios en donde radican.
Los bienes del Patrimonio de la República se destinan principalmente a fines de carácter científico, artístico, sanitario, docente, social y de turismo, en relación con la especial naturaleza de cada uno de ellos, y sin perjuicio del rendimiento económico que puedan proporcionar.
Para la administración y gobierno del Patrimonio se crea un Consejo de régimen autónomo, bajo la inspección del Ministerio de Hacienda, constituido por un presidente, un secretario, un interventor y doce vocales, dentro del cual se formará un Comité de Gerencia (con cinco vocales).
A diferencia de los que ocurrió en la Primera República, y aún de los dispuesto anteriormente por la Ley de 1869, no se formula la regla general de la enajenación de los bienes del Patrimonio. Se tiende a mantener en un núcleo, diferenciado de los demás bienes estatales, los del antiguo Patrimonio, si bien cambiándoles no sólo la denominación, sino principalmente el destino.
Las disposiciones de la Ley fueron completadas poco después por las del Reglamento provisional para la explotación y gobierno de los bienes que constituyen el Patrimonio de la República y para el régimen de su Consejo de Administración, aprobado en virtud del Decreto de 13 de junio de 1932.
Iniciada la Guerra Civil, un Decreto del Ministerio de Hacienda de 2 de diciembre de 1936 suspendió en sus funciones al Consejo de Administración, y en sustitución nombró un consejero delegado del Gobierno que asumió todas sus competencias.
La Ley de 15 de junio de 1939 cambiará su denominación del Patrimonio de la República, llamándose en lo sucesivo Patrimonio Nacional.

El Archivo conserva escasa documentación perteneciente a la Secretaría General y al Cuarto Militar, fundamentalmente series de contabilidad y de personal.

La documentación existente en el Archivo pertenece prácticamente en su totalidad al periodo comprendido entre 1815 y 1849, aunque haya algunos expedientes sueltos muy escasos de fecha anterior o posterior. En general, la documentación se refiere a diversas investigaciones llevadas a cabo por orden de la Real Casa acerca del patrimonio en Aragón o estados de rentas enviados por el Intendente, así como expedientes relacionados con la abolición de dicho patrimonio.

La Bailía General del Real Patrimonio Balear es la administradora de los derechos y rentas del patrimonio real y además tiene la presidencia de los bailes locales, por lo tanto, la documentación conservada es la generada por el gobierno y administración tanto de la Bailía General como de la Bailía de Menorca y de Ibiza.

Se conservan reglamentos y ordenanzas, expedientes de administración de los bienes inmuebles pertenecientes al Real Patrimonio (arrendamientos, aprovechamientos agrícolas, títulos de propiedad) y también series relacionadas con la recaudación de los derechos de la Corona, administración de personal, y obras, especialmente en el Palacio de la Almudaina, además de abundante contabilidad.

En el siglo XIX pertenecían al Patrimonio Real varios bienes y derechos en el Reino de Navarra, de cuyo gobierno, dirección y administración se encargaba la Cámara de Comptos, hasta su desaparición en 1836.

Según informe de dicha institución, las fincas pertenecientes al Patrimonio Real en esta fecha eran Las Bárdenas Reales, los Montes de Andia en la provincia de Guipuzcoa, los montes reales de Alaiz y Orraun, junto a Pamplona, la sierra de Sarvil y Alaiz, también cercana a Pamplona y la heredad del Espartal o Faja del Rey en Fustiñana sobre el canal de Tauste. El Real Patrimonio ingresaba procedente de estas posesiones el producto de derechos de pastos y de siembra, multas y lo producido por los derechos de aprovechamiento de madera y carboneo o arrendamiento de tierras. Igualmente pertenecían al patrimonio regio el derecho que pagaban las almadías a su paso por el puente de Sangüesa, y derechos sobre la sal y los frutos de cáscara que se introducían en Pamplona, así como censos o juros impuestos sobre varias fincas particulares.

De su gobierno y administración se encargaba la Cámara de Comptos hasta su desapariciónen 1836. A partir de esta fecha se creó la Administración del Real Patrimonio de Navarra, más tarde Subdelegación del Real Patrimonio de Navarra.

Durante el reinado de Isabel II se procedió a la enajenación de las fincas y montes pertenecientes a este patrimonio, que fueron adjudicados al Estado con arreglo a la ley de 12 de mayo de 1865.

El grueso de la documentación son expedientes formados por correspondencia con la Administración del Patrimonio de Navarra referida fundamentalmente a la administración, litigios y pleitos con los pueblos, contabilidad y enajenación de bienes.

La Bailía General de Valencia, creada tras la conquista de Jaime I, fue sustituida por el Intendente General del Ejército a partir de la abolición de los fueros en 1707. En 1814, se modificó la organización administrativa con la desaparición de la Intendencia General, y reemplazada por la Bailía General de Valencia, que incluía una contaduría, así como jurisdicción privativa. En 1865 fue suprimida definitivamente, y el patrimonio fue siendo progresivamente desamortizado.

El patrimonio se componía de gran número de propiedades inmuebles y raíces entre las que destacaban el palacio real de Valencia, la Albufera (“el lago de la Albufera”), la acequia real de Alcira, el “pantano” de Alicante (a partir de 1739) y diversos inmuebles en Valencia y otras localidades.

Además de numerosas fincas rústicas repartidas por todo el reino, debe destacarse el cobro de importantes impuestos (tiraje, lezda de tierra y de mar, diezmos, derecho de cops, almudinage, etc.), así como monopolios sobre pesos y medidas, derechos de escribanía, etc.

La Bailía General de Valencia es la administradora de los derechos y rentas del patrimonio real y además tiene la presidencia de los bailes locales, por lo tanto, la documentación conservada es la generada por el gobierno y administración tanto de la Bailía General como de las Bailías de Alcoy, Almusafes, Alicante, Alcira, Onteniente y Murviedro (Sagunto).
Se trata de expedientes de arrendamientos de los bienes inmuebles pertenecientes a la Corona, títulos de propiedad, así como expedientes relacionados con la recaudación de derechos y monopolios. También se conserva documentación del Palacio Real de Valencia, obras y personal, y contabilidad.

El 10 de septiembre de 1752, fecha en que se bendijo la nueva iglesia de Nuestra Señora del Rosario en el Real Sitio de San Ildefonso, los maestros grabadores alemanes de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso solicitaron a la reina Isabel de Farnesio la concesión de una capilla en dicha iglesia para dedicarla a San Juan Nepomuceno, lo cual les fue concedido por Real Decreto de 16 de septiembre de dicho año. Esta concesión fue la base para la fundación de la Real Congregación de San Juan Nepomuceno catorce años más tarde, por Decreto del Ilustrísimo Abad de San Ildefonso de 28 de febrero de 1766.

Para su gobierno se formaron Constituciones en este mismo año de su fundación, que serían reformadas en 1777 y posteriormente, en 1829.

Según estas Constituciones, la Congregación se situaba bajo la protección real perpetua, y el gobierno espiritual recaía en el Canónigo Penitenciario de la Real Colegiata y Abad del Real Sitio de San Ildefonso, siendo los cargos principales el Hermano Mayor y su teniente, los consiliarios, el secretario, el contador y el tesorero. Otros empleos de la Congregación eran el maestro de ceremonias, los comisarios de fiestas, mayordomos de altar, camareras, celadores de difuntos y cobrador.

Los congregantes se reunían en juntas generales o particulares para decidir sobre los asuntos de la Congregación. La última junta tuvo lugar el 13 de septiembre de 1835. A partir de esta fecha quedó casi sin congregantes debido a la separación y disminución de empleados de la Real Casa.

A pesar de algún intento posterior de restablecer la Congregación, lo cierto es que ésta desapareció, aunque siguió existiendo la Capilla de San Juan Nepomuceno, para cuya administración se nombró el primer rector en 1842 en la persona de Tomás Muñico. Posteriormente serían nombrados Tomás Pérez Sandonis en 1886 y Santos García Pérez en 1911.

La Real Congregación del Alumbrado y Vela del Santísimo Sacramento del Altar, establecida canónicamente en la Capilla Real de Palacio, se fundó el 15 de agosto de 1789, extendiéndose después a todas las iglesias sujetas a la jurisdicción del Patriarca de Indias. El primer año de su creación se limitó la pertenencia a los criados de la Real Casa, pero después se extendió a todos los fieles que lo desearan.

Sus fines consistían en procurar que en todos los altares donde hubiera un sagrario se mantuvieran dos luces (Alumbrado) y que fuera velado por los congregantes por turnos de media hora (Vela). Siguiendo a esta congregación se crearon otras en distintos lugares de España y América

La formación del Real Sitio de La Florida se produce a finales del siglo XVIII, cuando, entre los años 1786 y 1803, los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma adquieren numerosas propiedades entre el Palacio Real y El Pardo para configurar un nuevo espacio de recreo y esparcimiento próximo a Palacio.

Su centro se establece en torno al Palacio de La Florida, hoy desaparecido y obra del arquitecto italiano Felipe Fontana, autor también de la ermita de San Antonio de La Florida.

A partir de 1816, cuenta, además, con la Real Fábrica de Loza y Porcelana, mandada construir por Fernando VII. Tras la Revolución de 1868, el nuevo Gobierno provisional cedió el Sitio al Ministerio de Fomento para la construcción de la Escuela de Agricultura.

Entre las series documentales podemos encontrar las relacionadas con la administración de las tierras, como arrendamientos y aprovechamientos agrícolas, y personal. Hay que destacar sin embargo documentación relativa a la Fábrica de Loza, Palacio de la Moncloa y ermita de San Antonio de la Florida, posesiones incluidas en la administración de este Real Sitio.

Vinculada al interés del infante Antonio Pascual por los baños termales existentes en la dehesa de Las Pozas, la aprobación de las ordenanzas del Real Sitio de Sacedón por el Consejo de Castilla se produce el 9 de septiembre de 1802.

Tras el fallecimiento del Infante en 1817, los reyes Fernando VII e Isabel de Braganza visitaron varias veces el balneario y llevaron a cabo obras de mejora y ampliación de los baños, así como la construcción de un palacio y de una nueva población que llevaría el nombre de La Isabela en honor de la Reina.

Tras unos años de vinculación al Patrimonio de la Corona, el Sitio se desagregó de éste y se adjudicó al Ministerio de la Gobernación por la Ley de desafección de 1865.

Entre las series conservadas destacan, entre otras, los reglamentos y ordenanzas, y las relacionadas con el abastecimiento del Real Sitio, gestión y administración de tierras (arrendamientos, títulos de propiedad...), obras en los diferentes edificios del Establecimiento, personal y contabilidad.

Las propiedades medicinales del manantial que forma el río Cuervo a su paso por el Valle del Solán (Cuenca), eran conocidas desde el S. XVII, cuando, según la tradición, algunos cabreros notaron que sus animales enfermos sanaban tras frecuentarlo.

Pedro Fernández de Lerena, ministro de Hacienda de Carlos III, que curó de una enfermedad gracias a las aguas, construyó una instalación de baños y una casa hospedería hacia 1787: un edificio de dos plantas en torno a un patio con galería en ambos pisos con veinte habitaciones para otras tantas familias de bañistas, además de otras dependencias.

El propio Fernández Lerena, fue la causa de que en 1790 Carlos IV lo convirtiera en Real Sitio. Por Real Cédula de 10 de abril se manda acotar y cerrar el Sitio de Solán de Cabras, reintegrando el valor de sus terrenos al lugar de Tobar y a la villa de Beteta. Así mismo se dispone que en lo gubernativo y económico dicho Sitio se independice de la villa de Beteta, y se sitúe bajo la dependencia de un gobernador con subordinación inmediata al Rey por la vía reservada de Hacienda

Tras la guerra napoleónica el administrador del Real Sitio elevó una memoria solicitando mejoras. Los médicos de Cámara aconsejaron que la reina Mª Josefa Amalia de Sajonia que tomase esta agua, y así los reyes fueron a Solán en 1826. El Real Sitio, beneficiado con algunas mejoras con motivo de esta visita, continuó perteneciendo íntegramente al Real Patrimonio durante todo el reinado de Isabel II, si bien la gestión del balneario estuvo a cargo de una entidad arrendataria desde 1834 con Mª Cristina de Nápoles, la Reina Gobernadora.

La Administración del Real Sitio y Baños Reales de Solán de Cabras desapareció en 1869 pasando a depender desde entonces del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona.

Entre la documentación conservada destacan, entre otras, las series sobre arrendamientos y aprovechamiento y subasta de madera, obras y todo lo relacionado con la administración del Real Sitio, pero también en particular con el establecimiento de baños que fue el origen de dicha Administración, como expedientes de adquisición de material quirúrgico y productos médicos, y documentación contable.

El palacio, fortaleza y ciudadela de La Alhambra, que había sido residencia de los sultanes nazaríes, pasó a engrosar el Patrimonio Real en 1492, cuyo gobierno recayó en el conde de Tendila, Capitán General de Granada, hasta que en 1718 Felipe V desposeyó de sus cargos al Marqués de Mondéjar, heredero del anterior. Durante los primeros años tras la conquista se llevaron a cabo numerosas e importantes reparaciones que culminaron con la construcción a partir de 1526 del Palacio de Carlos V como residencia real.

Inicialmente, al conjunto de La Alhambra se añadieron rentas y derechos, como el tercio del agua de la Real Acequia, así como fincas rústicas y urbanas en la ciudad de Granada, entre ellas las casas, tierras, aguas, dehesas y sitio de la Alcaicería con sus tiendas, que se acrecentaron con las confiscaciones de bienes tras la expulsión de los moriscos.

La dotación para el mantenimiento del Real Sitio se consignó en 2.000 ducados de diferentes rentas: de la farda, de hábices y penas de cámara de Granada, Loja, Alhama, Motril, Almuñécar y Salobreña. También se dotó con juros sobre las rentas de azúcar, sal y seda de Granada, Sevilla, Málaga y Carmona. En 1750 se ordenó el reintegro a la Corona de esos juros, junto a los de Aranjuez y Sevilla.

Desde 1604 se aplicó también el sobrante de pesca, caza, hierba y madera del Real Soto de Roma hasta 1700.

Junto a estos ingresos deben destacarse los numerosos censos y arrendamientos sobre aguas, especialmente de la Real Acequia, y sobre fincas rústicas.

De acuerdo con la Ley sobre el Patrimonio de la Corona de 18 de diciembre de 1869, la orden de la Regencia del Reino de 10 de febrero de 1870, se cedió el conjunto de La Alhambra al Patrimonio del Estado, como Monumento Histórico-Artístico La Alhambra.

Entre la documentación conservada destacan, entre otras, las series sobre arrendamientos de tierras y fincas de las reales posesiones de la Alhambra, así como expedientes de aguas con originales y copias de documentos sobre la traída de aguas del río Darro, numerosos expedientes de obras desde el siglo XVII en la Alhambra y casas pertenecientes a la Administración, documentación relacionada con el personal, cuentas y expedientes judiciales.

Las Dehesas del Valle de Alcudia pertenecieron a la Orden de Calatrava. En 1792 fue otorgado a Manuel Godoy el título de Duque de Alcudia y con él la cesión de 99 millares y medio que habían pertenecido a las Temporalidades, bienes de la Compañía de Jesús. Tras la caída de Godoy y la confiscación de sus bienes, la dehesa de Alcudia pasó a ser administrada por la Superintendencia de las Minas de Almadén.

En 1809 la administración francesa vendió los 99 millares de Temporalidades, aunque la venta quedó anulada con la vuelta de Fernando VII, lo cual condujo a un periodo de conflictos con los compradores, que reclamaban derechos adquiridos.

En 1823, la Dehesa de Alcudia pasó de nuevo al Patrimonio Real hasta la revolución de 1868. Finalmente, en 1870, por Orden de la Regencia del Reino de 14 de septiembre pasaba a depender de la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado.

En la documentación conservada destacan, entre otras, las series sobre gobierno y administración de las dehesas, como Reales órdenes, reglamentos y ordenanzas, arrendamientos, aprovechamientos agrícolas y ganaderos y caza. También hay series relacionadas con el personal del Real Patrimonio, contabilidad y documentación judicial.

La posesión denominada Real Casino fue una casa de recreo con grandes jardines situada intramuros en la calle de Embajadores, que fue donada por el Ayuntamiento de Madrid a la reina María Isabel de Braganza el 25 de abril de 1817.

Anteriormente había una huerta, conocida como Huerta de Bayo, que desde el siglo XVII fue propiedad de los monjes de San Cayetano. En 1808 fue arrebatada a los monjes, pasando a ser propiedad de Manuel Romero, ministro de José Bonaparte, de ahí la denominación de Huerta de Romero, quien construyó una casa-palacio y un jardín geométrico. Finalizada la Guerra de la Independencia, fue adquirida por el Ayuntamiento, junto con otros terrenos cercanos y en 1817 donada a la segunda esposa de Fernando VII, que murió poco después. Fernando VII y después Isabel II realizaron importantes obras en la posesión, a cargo de los arquitectos Antonio López Aguado y posteriormente Narciso Pascual y Colomer. Vicente López fue uno de los artistas que participó en la decoración del Real Sitio.

En 1867 fue cedida al Estado y destinada a Museo de Arqueología.

Para la administración de la Real Posesión se nombró un administrador. Sin embargo, a partir de septiembre de 1848 se integró en la recién creada Administración Patrimonial de Madrid, que absorbió las antiguas administraciones patrimoniales de Retiro, Casa de Campo, Florida, Moncloa y Casino entre 1848 y 1854. A partir de esta fecha en que desapareció la Administración de Madrid, por haberse desmembrado nuevamente la de Retiro, perteneció a la denominada Administración Patrimonial de Casa de Campo, Florida y Casino.

En la documentación procedente de la Real Casa se conservan expedientes de la Mayordomía Mayor y de la Intendencia General que contienen nóminas, listas de jornales, cuentas de obras y expedientes relativos al gobierno y administración de la Real Posesión.

La documentación procedente de la Administración Patrimonial contiene, sobre todo, Reales Órdenes comunicadas.

Desde el siglo XIII, el Real Patrimonio de Cataluña era administrado por el Baile General. El cargo fue abolido en 1716, siendo sustituido en sus competencias por el Intendente General del Ejército y Principado. También las reformas de las Real Casa y Patrimonio llevadas a cabo por Fernando VII dieron lugar al restablecimiento de la Bailía en 1816 hasta su desaparición definitiva a principios del siglo XX (1910).

La Corona contó con una importante serie de bienes, rentas y derechos. Entre los primeros se encontraban el Palacio Real y la capilla de Santa Águeda, la casa de la Inquisición y la de la Puerta del Ángel en Barcelona, casas en Cervera, Tarragona, San Carlos de la Rápita y Vallfogona de Balaguer, y el castillo de Pals; fincas rústicas en Barcelona, Bellver, San Carlos de la Rápita, San Martí de Provençals y Vallfogona de Balaguer. También la Real Acequia de Barcelona o la de San Carlos de la Rápita.

Además de todos estos bienes inmuebles, deben destacarse los numerosos censos, así como las rentas “eventuales” de Pals, peso real de Barcelona, medidas de granos de Barcelona, entradas de establecimientos y la real cabrevación.

El Real Patrimonio de Cataluña desapareció en 1868, aunque quedó un encargado del archivo hasta su entrega al Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios en 1910.

La Bailía General de Cataluña es la administradora de los derechos y rentas del patrimonio real en el Principado de Cataluña y además tiene la presidencia de los bailes locales, por lo tanto, la documentación conservada es la generada por el gobierno y administración de esta institución. Se conservan reglamentos y ordenanzas, expedientes de administración de los bienes inmuebles pertenecientes al Real Patrimonio (arrendamientos, aprovechamientos agrícolas, subastas y contratas, títulos de propiedad...), así como series relacionadas con la recaudación de los derechos pertenecientes a la Corona, administración de personal, y obras.

La Reina María Cristina compró en 1832 una finca en Carabanchel, propiedad del coronel Pablo Cabrero, dónde existía un establecimiento público de recreo. Entre 1832 y 1836 compró las parcelas colindantes hasta un total de 52. María Cristina construyó, sobre el primitivo establecimiento público, un palacio, conocido después como Palacio Viejo, de María Cristina o de Invierno. Prueba del afecto de la Soberana por Vista Alegre es que durante su exilio en París a partir de 1840 se hizo llamar Marquesa de Vista Alegre.

En 1846 donó la Quinta a sus hijas la Reina Isabel II y la Infanta Luisa Fernanda por escritura pública de cesión otorgada el 5 de marzo. Al año siguiente la Reina compraba unas tierras a la Condesa de Montijo y de Miranda para agregarlas a la Real Posesión.

Posteriormente, en el año 1859, el Marqués de Salamanca la compró a los duques de Montpensier y, tras su muerte, la finca fue vendida por sus herederos al Estado.

En la documentación conservada destacan, entre otras, las series de contabilidad, así como expedientes de obras, adquisiciones y ventas de tierras y correspondencia, y especialmente registros relativos a su administración.

Felipe II adquirió diversos bienes raíces que fueron donados al Monasterio de San Lorenzo de El Escorial para su fábrica y mantenimiento, extensas propiedades rústicas más o menos cercanas al Monasterio, y ricas en pastos, madera, caza y pesca, pero también aprovechamientos agrícolas. En concreto se trata de las Dehesas de Santo y Quexigal en Ávila y El Espadañal y Los Guadalupes en Cáceres.

Todas ellas estuvieron bajo jurisdicción del prior de San Lorenzo hasta el siglo XIX, en que revertieron al Real Patrimonio, dependientes del Real Sitio de San Lorenzo hasta su definitiva enajenación a partir de 1868.

Las series que lo componen son de cuentas y correspondencia oficial relativa al gobierno y administración, así como expedientes sobre jurisdicción.

También debe destacarse que existe numerosa documentación en los fondos del Patronato y del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.

Contiene:

• Cartas y reales cédulas para pagar gajes a criados.
• Asientos de gentilhombres de la cámara y casa, médicos, mayordomos mayores, escribanos, y damas de la Reina.
• Consultas y provisiones reales.
• Expedientes relativos al Soto de Roma y dehesa de Chiplana.

Contiene:

• Donativo de los criados.
• Libro de pagos por obras y trabajos a maestros y oficiales, que incluye pagos a Velázquez.
• Expedientes relativos al Soto de Roma.
• Asientos de intervención de las pensiones, gajes y otros gastos.
• Registro de cédulas de expedición de libranzas para pagos de la Casa de la Reina.
• Cédulas de libranza de pagos.
• Asientos de damas de la Reina, azafatas de infantes, meninos, médicos de familia, guardamangiers, gentilhombres, caballerizos de la Reina, y lacayos.
• Propuestas para ayuda de la Botica, protomédico y examinadores de médicos.
• Órdenes para la provisión de plazas.
• Modo de recibir a los entretenidos de los oficios.
• Expedientes sobre raciones.
• Mercedes de casas de aposento.
• Gastos, mermas de cebada, lista de oficiales, gajes y emolumentos, jornadas y obras de las Caballerizas.

Como ejemplo de sus políticas económicas, Felipe V ordena, por Real decreto de 19 de junio de 1746, la compra del lugar de Torrejón de la Ribera (Madrid) con todo su término y las zonas aledañas al río Jarama para incorporarlos al Patrimonio de la Corona con fines de “utilidad pública”. El principal objetivo de la compra era la instalación de una serie de fábricas textiles, pero a pesar de la calidad de las manufacturas, el proyecto no fue rentable y su fábrica más emblemática terminaría trasladándose, unos años más tarde, a Brihuega.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el Real Sitio se dedicó a nuevas actividades económicas. En la antigua fábrica se estableció un hospicio y se crearon nuevas instalaciones dedicadas al papel, molinos y batanes.

A principios del siglo XIX se compró a Godoy el Soto de Aldovea, así como los de Galapagar, Vaciabotas, Quintana y Torrejón, anexionándose los despoblados de Daracalde, Viveros, Bollero, Baezuela y el de la villa de Mejorada.

Años más tarde, se llevaron a cabo varios intentos para frenar la progresiva decadencia iniciada durante la Guerra de la Independencia con la instalación de nuevas fábricas, realizándose, además, grandes plantaciones de frutales, pero, finalmente, en 1869 se cedieron todas estas propiedades al Ministerio de la Gobernación para establecer en su suelo una colonia agrícola.

De las series conservadas destacan las relativas a gobierno y administración, arrendamientos, contabilidad, títulos de propiedad, y las relacionadas con abastos, cultivos y explotaciones agrícolas, cuarteles, fábricas y molinos, hospicio, urbanismo, y gestión de personal.

El palacio que originaría la Administración Patrimonial de Valladolid nunca fue una fortaleza medieval, sino una residencia construida en el siglo XVI y habitada por Carlos I, que fue comprada por la Corona en 1601 al instalarse en Valladolid la Corte.

En 1600, la Casa de Francisco de los Cobos, junto con la contigua del Conde de Fuensaldaña fueron adquiridas por el duque de Lerma, quien finalmente se las vendió a Felipe III, al trasladarse la Corte a Valladolid en 1601. Posteriormente, el monarca compraría y anexionaría al conjunto la Casa de los Condes de Miranda.

La Corte habitó el Palacio Real de Valladolid hasta la primavera de 1606 en que se trasladó nuevamente a Madrid.

El Palacio Real de Valladolid se desvinculó del Real Patrimonio en el reinado de Carlos III, al ser dedicado a Chancillería y Audiencia; Con posterioridad continuaría siendo propiedad de la Corona, aunque adscrito a diversos servicios gubernativos, hasta que en el siglo XIX pasó a ser Capitanía General.

Complemento del Palacio eran dos Casas Reales de recreo en las inmediaciones de la ciudad: la Huerta de la Ribera y el bosque del Abrojo.

La Huerta de la Ribera, también conocida como Huerta del Rey, fue igualmente vendida por el duque de Lerma a Felipe III. Situada en la otra orilla del Pisuerga, se podía acceder a ella desde el Palacio por un pasadizo que iba a un mirador sobre el río, y desde allí, en góndola. Lo más destacable del conjunto eran los jardines, el principal y el del parquecillo. Fue vendida en el S. XIX.

Por su parte El Abrojo fue en principio un Cuarto Real mandado construir por Isabel La Católica en el convento franciscano de Scala Dei del Abrojo y reedificado posteriormente por el Emperador Carlos I.

En la documentación conservada destacan, entre otras, las series relacionadas con abastecimiento de aguas, arrendamientos de fincas, títulos de propiedad, subastas, es decir con la administración de los bienes inmuebles, así como personal y obras en el Palacio Real de Valladolid y documentación de contabilidad.

Entre las series que contiene, podemos destacar las siguientes:

• De las Caballerizas, aquellas que tienen que ver con los diferentes oficios de manos, como las "Cuentas de gastos ordinarios y extraordinarios" y las "Cuentas de maestros de coches". También se conservan en la Veeduría numerosas "Contratas de oficios y proveedores", "Inventarios de efectos del Guadarnés" e "Inventarios de desechos, de caballerías, coches y otros bienes desechados". También hay abundante información relativa a viajes y "Cuentas de jornadas y batidas", con las relaciones de los criados de las diferentes oficinas y cuarteles que iban a cada jornada y el pago de las mesillas correspondientes, además de las numerosas cuentas de los oficios por los gastos que acontecían. No menos importantes son los gastos relativos a "Entradas y salidas públicas" y otros acontecimientos de carácter cortesano.
• De la Cámara, encontramos las "Cuentas de gastos", presentadas por el jefe del Guardarropa y el boticario mayor, como por ejemplo las plantas medicinales y todo tipo de sustancias orgánicas y minerales para la preparación de medicamentos, efectos para la Botica y otros gastos menores.
• De la Casa, se conservan las "Cuentas de gastos extraordinarios", en las que aparecen numerosas facturas de los pintores que realizaron los modelos de tapices destinados a las habitaciones de los diferentes palacios, y en las de gastos ordinarios se conservan gran número de facturas y recibos de numerosos oficios de manos. También a través de las cuentas de gastos ordinarios y extraordinarios de los oficios podemos documentar algunas fiestas, por ejemplo, el Carnaval o la Semana Santa. Igualmente se conservan relaciones, notas, borradores de informes, sin aparente unidad, que eran elaborados por el grefier a petición de cualquier jefe de la Real Casa, y que documentan la celebración de determinadas fiestas o actos extraordinarios en palacio. Otra serie es la generada en las oficinas del contralor y grefier que tiene que ver con las numerosas contratas de proveedores. Pero si lo que tratamos de documentar es el desarrollo de una jornada se conserva entre las series documentales de la Real Casa una muy extensa denominada expedientes de jornadas y jornadillas o batidas, que nos informa del trámite y desarrollo de cada jornada y de los gastos de su ejecución.
• De la Real Capilla, la serie de expedientes de la Secretaría de Estado de Hacienda nos informa sobre los gastos en la adquisición y fabricación de alhajas, vestidos y ornamentos litúrgicos de la Real Capilla, como por ejemplo, la custodia grande, la pequeña, oratorios portátiles de los infantes, ternos o libros de coro.

La Casa Civil del Jefe del Estado se creó por Decreto de 10 de Octubre de 1939 para hacerse cargo de los Servicios Civiles del Jefe del Estado, y fue abolida por Decreto 2942/1975 de 25 de Noviembre de Creación de la Casa de Su Majestad el Rey, “a la que se integrarán en cuánto sea posible los miembros de las Casas Civil y Militar del Jefe del Estado y del Príncipe”.

Bajo la dependencia directa del General Franco, la Casa Civil tenía como misión servir de apoyo a cuantas actividades se derivasen de sus funciones como Jefe de Estado en el ámbito civil, así como de aquellas otras referidas a su vida privada y familiar. Por tanto, se ocupaba de:

• Organización de actividades públicas y oficiales.
• Organización de actividades privadas y familiares

El personal y los servicios de la Casa Civil se fueron constituyendo a lo largo de los años al margen de disposiciones oficiales, en torno a dos dependencias fundamentales:

• Primera Jefatura, desde 1939.
• Segunda Jefatura e Intendencia, desde 1948.

La 1ª Jefatura se ocuparía de establecer las relaciones externas de la Casa Civil, mientras que la 2ª Jefatura e Intendencia lo haría de la gestión económica y del personal.

Por último, durante 1974 y 1975 se produciría la última remodelación de la Casa Civil, quedando reducida a una Jefatura y a una Secretaría General.

Por su parte, La Secretaría Militar y Particular del Jefe del Estado aparecida en 1936 y adscrita orgánicamente al Cuartel General del Generalísimo hasta el fin de la Guerra Civil en 1939, se integrará posteriormente dentro de la Casa Civil. El cometido de la misma fue, ya desde 1936 canalizar peticiones e iniciativas de los ciudadanos.

La documentación de la Casa Civil es fundamental, entre otras cosas, para el estudio del bando franquista durante la Guerra Civil (donativos, adhesiones, etc.) y conocer parte de las necesidades sociales de los ciudadanos durante el régimen del General Franco a través de sus peticiones.
Las series de expedientes de protocolo y expedientes de audiencias documentan bien las visitas oficiales de mandatarios y del propio General Franco, y la presencia de personalidades en general.

La Real Hermandad fue creada por iniciativa de varios criados de la Real Casa en 1604, estando la Corte en Valladolid, con el fin de socorrerse y prestarse ayuda mutua tanto espiritual como material (en el fallecimiento y entierro de criados, ayuda a viudas y huérfanos, etc.). Cuando la Corte se trasladó a Madrid, la Real Hermandad se estableció en la iglesia de San Felipe el Real y posteriormente, en 1618, en la del Monasterio de la Encarnación, donde permaneció hasta su extinción en 1868.

Durante su larga existencia solo permaneció inactiva durante la época napoleónica, pues en 1810 dejaron de celebrarse juntas, no volviéndose a reiniciarse su actividad hasta 1815.

El rey fue patrono de la Hermandad y el mayordomo mayor su protector nato. A él se debe el gobierno material de dicha hermandad, siendo el patriarca de Indias el encargado de su gobierno espiritual. Cargos de dicha Hermandad eran los consiliarios, secretario, contador, tesorero, archivero, mayordomos (encargados de las celebraciones de iglesia) y diputados. Además la Hermandad celebraba juntas particulares (a las que concurrían los hermanos con cargo y que eran denominadas de gobierno) y generales (donde concurrían todos los hermanos). La fiesta principal se celebraba el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación.

La Real Hermandad acudía a los entierros y honras fúnebres de miembros de la Familia Real con su estandarte y a otras funciones públicas. Prestaba asistencia a los criados de la Real Casa en sus enfermedades y entierros, así como a las viudas y huérfanos.

La documentación de este fondo contiene constituciones y ordenanzas, bulas y otros privilegios concedidos a la Hermandad, actas de las juntas, solicitudes para el ingreso de hermanos, patentes de hermanos, expedientes de Secretaría y contabilidad.

La mayor parte de la documentación de la Secretaría es Correspondencia, bien con otros miembros de Casas Reales europeas, presidentes o ministros de gobierno, militares, eclesiásticos o simples particulares. Entre estos últimos figuran aristócratas, personajes conocidos del mundo de la cultura, o personas anónimas que escriben al Rey, bien por adhesión, simpatía o con peticiones particulares. El contenido de esas cartas otorgan a la serie de correspondencia un interés que traspasa lo estrictamente “doméstico” de la Real Casa, pues existe mucha correspondencia relacionada con política interior o exterior de España, como los conflictos bélicos en Marruecos, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Mención especial merece la actuación humanitaria llevada a cabo durante la I Guerra Mundial en las series de la “Oficina de Guerra Europea”, creada dentro de la Secretaría Particular de Alfonso XIII durante la contienda.