La antigua Bailía General de Aragón tenía su Juzgado especial, sus bailes subalternos y las atribuciones necesarias para la administración de las rentas que consistían en una serie de propiedades, así como el cobro de derechos y rentas pertenecientes a la antigua Diputación del Reino. Extinguida ésta con la abolición de los fueros en 1707, fueron aplicados desde entonces a la Corona. Su administración estuvo a cargo desde entonces del intendente. En el siglo XIX se estableció una Subdelegación del Patrimonio a cargo de dicho intendente.

Entre los edificios que a finales del siglo XVIII pertenecían al Real Patrimonio figuran: en Zaragoza, la Aljafería con su iglesia, cuarteles y tierras circundantes, la Casa Real de la Audiencia, la de la Aduana y la llamada de Gigantes, ésta última por cesión del Conde de Peralada en 1715, el Cuartel de Caballería, la Real Cárcel de Manifestados, almacenes de pólvora en el Monte de Torrero o la casa del alfolí de la sal a orillas del Ebro. También cercano a Zaragoza el puente de Gállego, donde se cobraba el portazgo. En el resto de Aragón, la Ciudadela o Castillo de San Pedro de Jaca, y los castillos de Monzón, Benasque y Coll de Ladrones.

Entre las rentas percibidas por la Corona figuraban diversos derechos de origen medieval, que a partir de 1840 dejaron de percibirse. En 1848, solo figura como perteneciente al Real Patrimonio un censo sobre unas tierras contiguas al Castillo de la Aljafería y el propio castillo que finalmente sería cedido al Ministerio de la Guerra en 1862.